Luego del encuentro celebrado ayer por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en el cual llevó adelante la presentación de un Proyecto de Ley sobre la reforma de la Corte Suprema de Justicia, hoy la gobernadora Alicia Kirchner participó de una reunión con Gobernadores, en la sede del Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la oportunidad,  las máximas autoridades de las provincias analizaron la propuesta del Presidente y arribaron a la conclusión de resaltar la importancia de construir consensos en una visión reformista de la Corte por decisión autónoma, entendiendo que constituye un desafío mayúsculo en la construcción de una verdadera república democrática y federal.

A la vez, expresaron “las provincias argentinas no podemos ser convidados de piedra del poder central. Somos preexistentes a la Nación y constructores genuinos de la identidad de nuestra patria”. “Hemos observado a través de nuestra historia que la injerencia del poder corporativo, económico, hegemónico y centralista determinó un sesgo notorio y evidente hacia el empoderamiento del poder en grupos minoritarios y excluyentes. Nuestro país extenso y diverso requiere una nueva visión y concepción de la justicia como organización que vincule, proteja y defienda los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con alcance federal”, consideraron.

Por otra parte, expresaron que entienden como necesario e imprescindible la representación de cada una de las jurisdicciones para construir una Corte con sentido y raigambre federal, pero al mismo tiempo, más eficiente y transparente.

“La primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue integrada el 15 de enero del año 1863, estaba integrada por cinco miembros, pero el país tenía alrededor de 1.200.000 habitantes. La Constitución Nacional de 1853, regulaba el número de integrantes, pero la reforma de 1860 luego del Pacto de San José de Flores y la integración de la provincia de Buenos Aires excluyó taxativamente el artículo que regulaba la fijación del número de sus integrantes. Actualmente, el plexo normativo constitucional establece su regulación por ley sancionada por el Congreso de la Nación”, exponen.

En el documento también, manifiestan:

“La organización del sistema judicial de otros países de la región permite visualizar que la República de Chile posee 21 miembros, Costa Rica 22, Colombia 23. La República Federativa de Brasil posee 11 miembros y tanto nuestro país como Uruguay, siendo un país unitario- poseen tan solo 5 miembros.

En España el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros y el Tribunal Supremo por el Presidente del Tribunal, cinco presidentes de sala y 79 magistrados. En Francia, la Corte de Casación en el tribunal supremo compuesto de 120 consejeros mientras que en la India está integrado por un presidente y 25 jueces designados por el Presidente.

Las atribuciones constitucionales para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponden al Presidente de la República en virtud del artículo 99 inciso 4 de la CN “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

El proceso de formación y sanción de las leyes implica la factibilidad de impulsar el tratamiento de esta iniciativa mediante la firma de un proyecto por parte de Senadores y Diputados Nacionales en representación de los intereses de cada una de nuestras provincias y del pueblo de la Nación para lo cual pretendemos un proyecto de ley simple y federal”.

Además, en el escrito se considera:

-Que el proyecto de ley estipula solo la sustitución del artículo 21 del Decreto Ley- 1285/58 según ley 14.467 y sus modificatorias para elevar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros, estableciendo además que será una ley especial lo que determine el modo de organización y funcionamiento de la misma.

-Respecto a la propuesta de designación de los integrantes deberá ser regulado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional conforma a las atribuciones constitucionales del artículo 99, para lo cual solicitamos expresamente el respeto irrestricto o la composición federal.

Por lo demás gobernadores y gobernadoras manifestaron la preocupación respecto al tratamiento de más de 30.000 causas muchas de las cuales se rechazan sin fundamento alguno utilizando las prerrogativas del Artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, del mismo modo respecto a la necesidad de reglamentar el artículo 14 de la Ley 48.

Es tiempo de construir unidad nacional, calidad institucional, eficiencia, sensibilidad de la mano de reformas, que ineludiblemente conjuguen una visión holística, sistemática e integral del país pues el centralismo agobia e impide la participación genuina de nuestro país con sus diversidades y su identidad regional.

“Nuestra República Argentina posee juristas calificados que pueden ser el puente de plata para la construcción de una justicia autónoma, independiente, eficiente, eficaz que resuelva en tiempo y forma los problemas de la ciudadanía”, concluyeron.